El jueves 29 de abril las instituciones miembros del GITOR participaron en un taller informativo interno sobre el Acuerdo de Escazú.
El “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” fue adoptado en la ciudad costarricense de Escazú el 4 de marzo de 2018, luego de 6 años de negociación. Este se sustenta en el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y se generó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) realizada en 2012.
Este acuerdo, ratificado por Bolivia el 02 de junio de 2019 mediante Ley N° 1182 y que entró en vigencia el 22 de abril de 2021 es el primer tratado ambiental vinculante que tiene el objetivo de *“garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.*
*En este marco se reconocen de manera expresa los derechos de la Democracia Ambiental de *acceso a la información ambiental, de participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y de acceso a la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, se incluye el reconocimiento de los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, garantizando tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, de reunión y asociación pacíficas y a circular libremente.
Si bien son 24 los países que han firmado el acuerdo de Escazú, 11 lo han ratificado: Bolivia, México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, con lo cual se alcanza la cantidad mínima de países que cumplieron los requerimientos establecidos para permitir su entrada en vigencia.
Durante el taller informativo la organización Reacción Climática explicó las bases generales del acuerdo y las implicancias de su implementación en el país, así como el rol de la sociedad civil en todo este proceso. Por su parte, la Fundación Construir dio a conocer las dificultades actuales en el país para acceder a información pública, principalmente por la falta de una Ley de Acceso a la Información, y las oportunidades que podría brindar el acuerdo de Escazú para subsanar esta seria limitación.
Finalmente, se realizó un intercambio de preguntas y criterios entre las instituciones participantes y los expositores, analizando las oportunidades y desafíos que implica la aplicación del acuerdo de Escazú, en lo que a la minería aurífera implica, en Bolivia, resaltando la necesidad de seguir evaluando este tema al interior del GIT-OR.
COM GITOR 2021
Fuente fotografía: sudamericarural.org
