En el seminario “Minería Ilegal, Formalización y Justicia Ambiental”, organizado por el Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GITOR) junto a WCS – Wildlife Conservation Society, y auspiciado por la Cooperación Sueca y la Unión Europea, especialistas de la Comunidad Andina, The Nature Conservancy, el ámbito jurídico-ambiental y el CEDLA presentaron un diagnóstico actualizado sobre la minería ilegal de oro, el uso de mercurio y los desafíos para construir políticas públicas efectivas en la región andino-amazónica.
Patricia Sandi, representante del Comité Andino Ad Hoc de Minería Ilegal (CAMI), expuso los avances del Estado de Situación de la Minería Ilegal y del proceso de construcción del Plan de Acción 2025–2030. Destacó la identificación de hotspots, la articulación entre los países de la CAN y la necesidad de fortalecer el control de insumos críticos como mercurio, hidrocarburos y maquinaria.
El investigador Nick Fromherz presentó una revisión jurídica comparada sobre la aplicación del Convenio de Minamata, señalando que, aunque varios países han adoptado prohibiciones y restricciones, la implementación es desigual: persisten el contrabando, los desvíos hacia la minería ilegal y la debilidad de los sistemas de fiscalización. Subrayó que la formalización sigue siendo un reto estructural y que las medidas solo son efectivas cuando se aplican de manera coordinada en toda la región.
El especialista César Ipenza analizó las tendencias del mercado del oro, el crecimiento de las economías ilícitas y la relación entre minería ilegal, corrupción y lavado de activos. Presentó datos de la UIF-Perú que muestran que la minería ilegal concentra el 59% del dinero investigado por delitos precedentes, superando al narcotráfico. Además, expuso casos emblemáticos de corrupción en la cadena de valor del oro e inconsistencias entre producción declarada y exportaciones, evidenciando fallas estructurales de control.
Finalmente, Alfredo Zaconeta (CEDLA) presentó 15 lineamientos de política pública para el oro en Bolivia, orientados a enfrentar la informalidad, mejorar la gobernanza y asegurar que la riqueza aurífera beneficie al país.
Las cuatro intervenciones coincidieron en la urgencia de fortalecer la fiscalización, mejorar la formalización, cerrar brechas normativas y consolidar mecanismos regionales de cooperación para enfrentar de manera efectiva la minería ilegal y sus impactos ambientales, sociales, económicos y de seguridad.