Propuesta del GIT-OR en relación a la contaminación por mercurio en Bolivia y a los impactos negativos en comunidades

Mar 16, 2022 | Noticias

El Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), alianza voluntaria de quince instituciones de la sociedad civil y académicas que trabajan en Bolivia y que han decidido juntar y potenciar esfuerzos para promover y fortalecer una minería aurífera técnica, social y ambientalmente más responsable, como estrategia para reducir los impactos sociales y ambientales negativos que causa esta actividad en constante crecimiento.

En este marco, el GIT-OR ha desarrollado, promovido y difundido modelos piloto de aplicación de mejores prácticas, en cooperativas legalmente establecidas y que voluntariamente han aceptado el desafío de implementar una minería responsable en su trabajo buscando, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dar pasos sólidos hacia el cumplimiento de estándares de producción de oro certificado globalmente reconocidos, en beneficio de la conservación del patrimonio natural y del bienestar de los operadores mineros, de las comunidades locales, del entorno minero y de la sociedad en su conjunto.

Este lunes 14 de marzo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP), presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia sobre la afectación a la vida y salud de los pueblos indígenas por la contaminación por mercurio. Estas organizaciones denunciaron la grave afectación a los Derechos Humanos de pueblos indígenas debido a la falta de regulación y control de la minería aurífera y del uso del mercurio.  

En este marco, es importante reconocer que Bolivia ha ratificado el Convenio de Minamata, con el compromiso de implementar un Plan de Acción Nacional que reduce y, cuando sea viable, elimina el uso de mercurio en la pequeña minería aurífera, buscando así proteger la salud humana y el medio ambiente de sus emisiones. Como GIT-OR creemos que la implementación del Convenio de Minamata necesita el apoyo, colaboración y participación de todos los actores del sector minero aurífero para promover el uso de tecnologías limpias y de prácticas legales, sociales y ambientalmente responsables, motivando a todos los actores mineros a asumir un proceso de transición orientado a su sostenibilidad y que brinde mayores beneficios a la sociedad en general.

En este sentido, el GIT-OR propone y promueve:

  • Una minería que respeta y cumple el marco normativo vigente del sector minero, así como la normativa ambiental y social que se aplica para el sector.
  • El uso de las mejores tecnologías disponibles para reducir o eliminar el uso del mercurio o, al menos, para lograr un uso responsable, en un sistema de circuito cerrado de recuperación de oro; así como, la gestión de residuos mineros metalúrgicos; y la recirculación del agua requerida en el proceso de beneficio del mineral.
  • El respeto al trabajador minero y su familia, a la comunidad rural directamente afectada por la actividad minera y a la sociedad en su conjunto, que recibe los impactos negativos de la actividad, reconociendo la responsabilidad social de todas las operaciones mineras.
  • La ejecución de consultas públicas con las comunidades afectadas y la colaboración continua con ellas durante todas las fases de la operación minera, identificando y mitigando los impactos negativos, y tomando en cuenta los intereses y preocupaciones en el marco de la libre determinación de ellas.
  • El compromiso de las operaciones mineras para colaborar con las comunidades aledañas a las operaciones mineras de una manera culturalmente adecuada, tomando en cuenta las necesidades específicas de grupos particularmente vulnerables, como son mujeres y niños, pueblos indígenas, entre otros, y a incluir estos intereses en su plan de operación.
  • Avanzar en los procesos de debida diligencia, con la finalidad de lograr la trazabilidad del oro, desde la extracción hasta la venta final, ya que creemos que, cada vez más, los compradores finales buscan garantías para cerciorarse de que los productores legales consideren las preocupaciones ambientales, sociales y de gobernanza en sus operaciones.

Ante la creciente preocupación social y ambiental por la contaminación por mercurio, causada por la actividad minera, especialmente en territorios indígenas, como GIT-OR motivamos a nuestras autoridades competentes nacionales a implementar medidas urgentes para regular el mercurio y su uso en la pequeña minería y a seguir adelante con la elaboración del Plan de Acción Nacional para cumplir con los compromisos ambientales asumidos por Bolivia con la ratificación del Convenio de Minamata.

Además, queremos reiterar la importancia de continuar la lucha frontal contra la minería ilegal, que se constituye en una verdadera amenaza para la sociedad y el patrimonio natural, como se difundió en la publicación del GIT-OR del 16 de febrero de este año. Debemos fortalecer y socializar el marco normativo minero, ambiental y, principalmente, el régimen legal especial de áreas protegidas para su cumplimiento por todos los actores involucrados.

Ante estas preocupaciones, ya no solamente nacionales si no también internacionales, es fundamental que Bolivia avance hacia la implementación de mejores prácticas en la minería aurífera y hacia un marco normativo fuerte que impulse una producción de oro más responsable. Es fundamental, además, que la ley nacional contemple la protección efectiva de las personas afectadas por la actividad minera, el acceso a información, en los idiomas locales si aplica, y el acceso a servicios de salud, aspectos vitales cuando se habla de una minería responsable.

En el GIT-OR somos conscientes de que Bolivia es un país tradicionalmente minero y que su aporte es necesario para el desarrollo económico, laboral y social, pero también es un país que se ha comprometido en su Constitución a respetar los derechos humanos de toda su población y a la protección de su patrimonio natural, dos elementos que con el actual marco normativo y los impactos en la vida, salud e integridad personal de varias comunidades indígenas en el país, no se está cumpliendo a cabalidad.

La Paz, marzo de 2022.

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